A horas de la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, a Formosa por las denuncias respecto a las medidas tomadas por Gildo Insfrán en el marco de la pandemia, Amnistía Internacional endureció su reclamo y este viernes (29/01) elevó la queja al Gobierno nacional.

Cabe recordar que la semana pasada, la ONG le había enviado una carta al Gobierno formoseño pidiendo que “sus medidas para combatir la pandemia sean respetuosas de los derechos humanos“. Fue luego de recibir múltiples denuncias por las condiciones en los centros de aislamiento de la provincia.

En medio de la polémica y las denuncias, Pietragalla Corti fue a Formosa, desde donde aseguró que “no hay violación sistemática de los derechos humanos” en la provincia norteña, ni “centros clandestinos de detención” ni se cometen “delitos de lesa humanidad”, sino que se constataron “una serie de hechos aislados que generaron el repudio de personas que vieron vulnerada su libertad“.

Tras este pronunciamiento del funcionario nacional, Amnistía Internacional le envío una carta -que difundió a través de sus redes sociales- en la que le solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que “condene las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Formosa” y dijo que “debe agotar todos los medios a su alcance para revertir la grave situación a partir de las medidas desproporcionadas implementadas en Formosa para combatir la pandemia”.

A través de la misiva dirigida a Pietragalla Corti, la organización reiteró su preocupación por la gravedad de las denuncias de las personas afectadas, luego de la visita de la misión nacional, en la que se recorrieron centros de aislamiento. En ese sentido, enfatizaron que los hechos denunciados demuestran “una grave afectación del derecho a la salud, a la integridad física y mental, a la vida, a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la libertad personal, a la privacidad e intimidad, y a recibir un trato digno”.

Luego, se refirió directamente al Gobierno de Alberto Fernández: “elGobierno nacional no debe convalidar una política que expone a las personas a situaciones de encierro compulsivo y arbitrario, y a otras violaciones a sus derechos. El mandato de la Secretaría de Derechos Humanos consiste en la promoción y protección de los derechos humanos; por eso, debe ser absolutamente respetuosa de las denuncias recibidas de los propios afectados y actuar en consecuencia, sin excusas”.