La periodista venezolana María Ramírez Cabello y su compañera de trabajo Susana Reyes, del Correo del Caroní, fueron puestas en libertad luego de horas bajo arresto en el estado Bolívar, limítrofe con Colombia.

 

“Susana Reyes y María Ramírez Cabello fueron liberadas luego de estar cinco horas detenidas arbitrariamente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)” en la ciudad de San Félix, indicó el periódico en su cuenta de Twitter junto a una fotografía de ambas mujeres.

La información fue difundida en la misma red social por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que agregó que a ambas “les devolvieron sus teléfonos celulares”.  El rotativo había informado antes que, tras seis horas de allanamiento a las oficinas del periódico, funcionarios del Sebin se llevaron detenidas a Ramírez y Reyes y les habían decomisado cuadernos administrativos y una computadora.

 

Una fuente del sindicato aseguró a Efe que las mujeres estuvieron varias horas “detenidas y sin abogados”.

Ramírez es una reconocida periodista que ha reportado también para la agencia de noticias Reuters, entre otros medios. Según MONITOREO ODH, el mismo Correo del Caroní informó que el hecho ocurrió luego de más de seis horas de allanamiento a su sede. “La comisión incautó parte de nuestros cuadernos administrativos y una computadora”.

El Colegio de Periodistas de Venezuela (CNP) rechazó el “hostigamiento y permanente ataque, en contra del Diario El Correo del Caroní y contra su editor y propietario, David Natera Febres, violando nuestra Carta Magna, tratados internacionales ratificados por Venezuela, además de expresas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

El Colegio de Periodistas de Venezuela denunció, igualmente, ante la comunidad internacional “este  grave atentado en contra de la libertad de información, entre otras violaciones sistemática DDHH, y exige categóricamente  que cesen los ataques y hostigamientos en contra del Correo del Caroní y de la prensa libre e independiente, en beneficio de las comunidades que reclaman transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios públicos”.

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