Heller impulsa la persecución a los argentinos que mudan domicilio a Uruguay

El diputado/banquero ex comunista y devenido a kirchnerista, impulsa una modificación a la ley de la riqueza para “cazar” los ciudadanos argentinos que muden su residencia a Uruguay

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, finalmente no participó del debate del impuesto a la riqueza en Diputados pero envió un informe según el cual 9.298 contribuyentes con bienes por más de $200 millones estarán alcanzados por esta contribución extraordinaria que se pagará por única vez si se convierte en ley el proyecto que impulsa el Frente de Todos. Según leyó el titular de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, la recaudación potencial estimada sería de $307.000 millones lo que equivale a un punto porcentual del PBI.

El diputado anunció que se evalúa agregar una aclaración para que se compute para el pago del aporte a aquellos sujetos que en los últimos 180 días hayan operado variaciones que “hicieran presumir, salvo prueba en contrario, una operación destinada a eludir su pago”. Los 180 días hacen referencia al tiempo que lleva en debate en la opinión pública el impuesto.

También se haría una corrección para que paguen los no residentes que tienen bienes en el país a través de personas jurídicas “para ser lo menos arbitrarios entre residentes y no residentes”. Aunque dijo que no quería hacer nombres, habló sobre “empresas que están en el país y sus dueños cambiaron de residencia”.

Las previsiones de la AFIP

Otro dato que arroja el informe de la agencia de recaudación consigna que 253 personas declararon bienes personales por más de $3.000 millones y por lo tanto su aporte, en promedio de $600 millones, será del 50% del total. Quienes declararon entre 200 y 600 millones pagarían en promedio $6 millones.

En el inicio del debate Heller avisó que el oficialismo no apuraría el dictamen ya que intentará ampliar la base de apoyo y compartirá el nuevo texto con los diputados integrantes de la comisión. Juntos por el Cambio redacta un dictamen de rechazo aunque analizará algunas de las modificaciones al proyecto original que de todos modos por lo expuesto hoy no conforman a la principal bancada opositora.

La comisión volverá a reunirse mañana para escuchar la exposición del ministro de Hacienda Martín Guzmán, quien defenderá el proyecto de Presupuesto 2021 y recién el viernes a las 15 retomarán el debate sobre el impuesto ideado por Máximo Kirchner y Carlos Heller.

Pastori anticipó que el interbloque rechaza, como lo hizo la semana pasada, gran parte de lo planteado por el Aporte Solidario Extraordinario pero que de todos modos esperarán el nuevo texto, corregido, que prometió Heller. Recién después confirmarán su posición.

Heller aclaró también que en el caso de los bienes rurales “se contabiliza la evaluación fiscal y no la evaluación de mercado que saben que es muy distinta”. En la pantalla con múltiples caras de los diputados conectados en forma remota se vio a Ricardo Buryaile, ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri, hacer gestos con la cabeza. “Buryaile, por más que movás la cabeza sabés que es así; si no, mostrame tu declaración jurada y vas a ver que es así”, le dijo riéndose el diputado cooperativista. Buryaile también se rió y lo mismo hizo Pastori.

“Esto es un nuevo impuesto, está bueno que no demos vuelta las cosas de manera semántica. Esto es compulsivo”, remarcó la diputada Carmen Polledo, del PRO. Y aseguró que “no defendemos a los más ricos”.

Por su parte Luciano Laspina advirtió que “no es un tema cualitativo, no es si violamos los derechos de una persona o de miles, de tres jueces o de miles, el argumento no puede ser que afectó a pocas personas”. “Es una falacia muy peligrosa, el Estado de derecho no se puede violentar ni siquiera contra una persona, ni contra quien sea más rico”, remarcó Laspina. Y agregó que “es una pésima idea en este contexto” el cobro a los no residentes y que desalienta la llegada de inversiones.

El diputado del PRO, que tuvo un duro cruce con Heller, criticó en duros términos una idea con la que “vamos a ahogar al sector privado y a perseguir al empresariado nacional”. “Como queremos ser una alternativa de gobierno cuando todo esto fracase, queremos estar bien plantados y queremos decirle a la sociedad que hay otro camino, el respeto constitucional, el empleo, la inversión privada, la seguridad jurídica. No es defender a los ricos, es defender a los argentinos de bien que necesitan empresarios, necesitan inversión privada y empresarios que se queden en el país y no que se vayan. Hay otro camino, lo vamos a recuperar”, subrayó para anticipar el voto en contra.

Desde Entre Ríos la peronista Blanca Osuna también apeló a la “herencia” y leyó una extensa lista con los nombres y sedes de empresas que cerraron en los cuatro años de gestión de Mauricio Macri. Y Heller defendió su derecho a aclarar y hacer comentarios tras algunas intervenciones: “No soy solo presidente de la comisión, soy autor del proyecto, este proyecto lleva mi firma”, consideró antes de que lo defendiera también el ex gobernador riojano Sergio Casas, quien a la inversa de lo dicho por los diputados de Juntos por el Cambio les reprochó “no dar un debate serio y necesario”.

En el mismo debate y a pesar de las diferencias y discusiones previas, el Frente de Todos logró acompañamiento de Juntos por el Cambio para el proyecto de ley que prohíbe que el Estado otorgue beneficios a empresas con domicilio tributario en los llamados “paraísos fiscales” y también a aquellas con probada evasión fiscal. El texto establece que se excluirá de los auxilios financieros estatales “a las empresas registradas en paraísos fiscales o con probada evasión fiscal determinada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.

En la votación de comisión a viva voz el proyecto tuvo 46 votos de los 49 presentes. Si hay sesión, podría tener sanción esta misma semana en el recinto.